Ecologistas avisan que si no se retira ley Ómnibus llevarán queja a Bruselas
Si la relación entre los ecologistas y el gobierno de Artur Mas empezó con mal pie por la supresión de la conselleria de Medio Ambiente, la Ley Ómnibus ha acabado por romper cualquier sintonía, ya que los grupos conservacionistas creen que este anteproyecto, que afecta a 22 leyes del ámbito medioambiental, es fruto de la "improvisación" y carente de "transparencia y diálogo democrático".
En una rueda de prensa conjunta, representantes de Greenpeace, Depana, Ecologistas en Acción, la Federación de Entidades ecologistas de Cataluña y de SEO/Birdlife -entre otros organismos- han explicado que están trabajando a "marchas forzadas" para presentar alegaciones a esta ley, a pesar de los pocos días de los que disponen y el gran número de modificaciones que incluye.
La exclusión de la Vall de Santa Creu del perímetro del Parque Natural del Cap de Creus (Girona), permitir el paso de motos y coches por pistas forestales de espacios naturales o la descatalogación de algunas especies protegidas de pequeñas aves cantoras para permitir su caza en vivo y la posibilidad de pescar en reservas biológicas son algunos de los puntos más criticados.
La decisión del Govern de alargar el período de exposición pública para poder presentar alegaciones -que acababa mañana y se ha aplazado hasta el 20 de junio- no ha aplacado el malestar de los ecologistas, que creen que con esta "maniobra" la Generalitat no pretende mejorar el proceso de participación, sino no incumplir los plazos legales del proceso.
"Lo que está haciendo el gobierno es perverso, y entra en competencia con normas de rango superior porque, por ejemplo, incluye modificaciones en la trasposición de la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental o sobre las aves, además de otras leyes estatales", ha indicado el presidente de la Federación de Entidades Ecologistas, Joan Vázquez, que recuerda que Cataluña es una de las comunidades "más infractoras" en este área.
"Si no quieren cumplir con las normas tendremos que dejar la UE y pasarnos a la Unión Africana", ha remarcado Vázquez, que ha indicado que no es necesario que la ley Ómnibus esté aprobada para presentar la queja ante Bruselas, "basta con el anteproyecto".
La delegada de SEO/Birdlife, Cristina Sánchez, que ha lamentado que los ecologistas no cuenta con ningún interlocutor por la supresión del departamento de Medio Ambiente, ha criticado que el Govern no les haya notificado que iba a emprender estas reformas, ni les haya pedido información.
"Con los que sí parece que ha hablado ha sido con algunos lobbys", ha ironizado Sánchez, para quien la mayoría de los cambios de la ley son "incoherentes", están "mal redactados" y no responden a ninguna justificación científica o técnica.
En este sentido, apuntan que la idea de levantar la prohibición del paso de motos y coches por pistas de menos de cuatro metros en espacios naturales, y que vehículos a motor puedan pasar incluso por recintos protegidos en tramos de enlace de pruebas deportivas responde a la presión del sector de la automoción.
Además de querer expresar directamente al presidente de la Generalitat su total desacuerdo con estas medidas, la plataforma de entidades quiere una comparecencia ante los grupos parlamentarios para exponer su preocupación.
Por su parte, la delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez, ha hecho hincapié en la posibilidad que abren los cambios en la ley de residuos, que permitirá su incineración directa en las instalaciones.
La representante de la Federación de Ecologistas en Acción en Cataluña, María García, ha asegurado que la Generalitat quiere volver a un modelo medioambiental "fracasado" y ha alertado de que el Govern persigue entregar áreas estratégicas al sector privado.
"Tenemos que frenar este intento de desplumar a la sociedad que tendrá un coste muy grande", ha añadido. EFE
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